Canarias

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El artículo 192  de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, regula la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado como el marco general y permanente de relación entre el Gobierno de Canarias y el del Estado para conocer y tratar las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes y, en particular, la controversias de cualquier índole planteadas entre las dos partes; el seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de Canarias en los Asuntos de la Unión Europea, y la participación, información, colaboración y coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias.

Hasta la fecha no se ha constituido la Comisión estatutaria, de manera que sigue vigente la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado - Comunidad Autónoma de Canarias constituida el 12 de marzo de 1990.

Su composición es variable en función de los temas a tratar, aunque cuenta con cinco miembros permanentes por cada una de las representaciones. La presidencia de la Comisión es conjunta entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Cada representación estará asistida por un Secretario.

Sus funciones son las previstas en las Normas de Funcionamiento de 10 de julio de 2001:

  • Impulsar y concretar, desde el punto de vista bilateral, la realización de planes, programas y actuaciones conjuntas para el desarrollo de las políticas comunes en los distintos ámbitos sectoriales.
  • Impulsar la celebración de convenios de colaboración en aquellos ámbitos materiales en los cuales sea necesaria la especificación de un plan o programa conjunto de forma bilateral.
  • Diseñar mecanismos de colaboración mutua en las distintas áreas en que pueda confluir la actividad de ambas Administraciones.
  • Servir de cauce de actuaciones de carácter preventivo en el intento de impedir que surjan conflictos entre ambas Administraciones.
  • Arbitrar propuestas de solución a cuestiones que interesen a ambas Administraciones en asuntos de su competencia.
  • Examinar cualesquiera asuntos que afecten a ambas partes y, en particular, los que tengan por objeto evitar o intentar resolver por vía extraprocesal conflictos de competencia.
  • Analizar las normas con rango de ley, estatales o autonómicas, en relación con las cuales se susciten cuestiones susceptibles de dar lugar al planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad, con el fin de llegar a un acuerdo que evite su interposición, en el marco de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero.

Normas de funcionamiento